RTVE

El informe definitivo de la Intervención General de la Administración del Estado, según la prensa, revela cómo se  malbarataron 12.100 euros en un año sin justificar, entre ellos 84 almuerzos por 10.680 euros. No se cumplen los criterios establecidos por ley para la producción interna. Los contratos recogen objetivos de audiencia que no siempre se alcanzan. La auditoría debería ser un punto de inflexión, la prueba clara de la  deficiente gestión empresarial con fondos públicos.
Se observan "incumplimientos" de las normas de contratación "como la de medios de producción sin el preceptivo informe de falta de disponibilidad o de idoneidad de medios propios".
¿Quién es el máximo responsable en la administración de los medios propios disponibles?: José Luis Muñiz, el mismo que señalado en la misma auditoría por sus malas prácticas, según la prensa.

Hacienda ha autorizado las plazas por tasa de reposición de 2018-2021 (sustituciones de bajas, jubilaciones...). En total serán 686, más las plazas de consolidación.
Seguimos negociando el trabajo a distancia y el teletrabajo.

El texto pergeñado por UGT y SI es una burla a las esperanzas y las expectativas de los interinos de RTVE. Bien conocen los pactos a los que han llegado sus direcciones, y saben que en la administración pública es imposible ocupar una vacante de manera fija sin haber pasado por una prueba objetiva. Y conocen también las diferencias con el sistema de ingreso en RTVE que ellos mismos pactaron en el III convenio colectivo y anteriores.

El pasado miércoles 7 de julio, la dirección de RRHH y la mayoría sindical del Comité Intercentros (UGT, CCOO y SI) cerraron el acuerdo del pacto de trabajo para la cobertura de los JJOO de Tokio, sin que se nos haya facilitado ni siquiera la memoria del pacto ni un borrador de las condiciones.

¿Qué va a pasar con las 39 vacantes de los traslados que no se han cubierto? Ni en el Convenio ni en ningún acuerdo se garantiza que estas vacantes se cubran en los cupos "cerrados" de cambio de ocupación tipo y promoción o en las próximas oposiciones.
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Hace más de 4 años, CGT interpuso un conflicto colectivo para obligar a CRTVE a configurar una RPT, que dotase de la debida transparencia y justificación a los procesos de acceso y movilidad, garantizando el respeto de los principios de igualdad, mérito y capacidad.